Regidores de Cerro Colorado vulneran Ley de Neutralidad Electoral

Alonso Ranilla y Alejandra Ortiz participaron en el lanzamiento de la candidatura de Marleny Arminta Valencia al Congreso por Ahora Nación sin solicitar licencia. Ambos vistieron polos partidarios y realizaron actividades proselitistas, pese a que la ley prohíbe a funcionarios intervenir en campaña sin autorización

Regidores de Cerro Colorado mancharon el lanzamiento de la candidatura de Arminta.

Con polos partidarios y otros distintivos de la agrupación política Ahora Nación, los regidores de Cerro Colorado Alonso Ranilla Barrios y Alejandra Ortiz Mendoza dejaron la investidura municipal para sumarse a la campaña de la candidata Marleny Arminta Valencia. Así, los concejales vulneraron la Ley de Neutralidad Electoral, pues ninguno solicitó licencia para realizar actividades proselitistas.

Durante la actividad política, ambos regidores  integraron la portátil de simpatizantes de la candidata. Vestían polos con el logo del partido Ahora Nación y hacían arengas con el afán de influir en el voto de la ciudadanía.

El Decreto Supremo N.° 082-2022-PCM establece que la neutralidad electoral es de cumplimiento obligatorio para toda persona que ejerce función pública, sin importar el régimen laboral o contractual. La norma prohíbe expresamente a funcionarios y servidores públicos realizar actos que favorezcan o perjudiquen a organizaciones políticas o candidatos.

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En declaraciones a Evidencia.pe, el regidor Alonso Ranilla reconoció que no había solicitado licencia. “Bueno, evidentemente yo sí estoy haciendo campaña con mi candidata de preferencia. La verdad que no tengo nada de qué arrepentirme. (…) En realidad tengo que pedir mi licencia, voy a solicitarla. Es un error mío y si hay algo que tengo que asumir, es mi responsabilidad”, sostuvo.

Por su parte, la regidora Alejandra Ortiz Mendoza, al cierre de esta nota, no respondió a los requerimientos de este medio, pese a reiteradas llamadas y mensajes enviados por WhatsApp.

DATO

Entre las restricciones figuran el uso indebido de bienes y recursos públicos, influir políticamente utilizando la posición que se ostenta, obtener ventajas indebidas para beneficiar a un candidato, así como emitir opiniones a favor o en contra sobre sus condiciones personales o profesionales.

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